domingo, 31 de agosto de 2014

Colombia 1934-1938 historia

Colombia 1934 y 1938 va a recrear el mandato de Alfonso López Pumarejo y sus consecuencias para el país, añadiendo un plus, con datos sobre este mismo periodo en el departamento del Tolima y para el municipio de Cunday (en razón a su protagonismo dentro de las famosas luchas agrarias).
Como producto de los enfrentamientos partidistas durante la administración de Olaya Herrera , el conservatismo no se presentó a las elecciones presidenciales. La directiva dio lugar a todo clase de conjeturas-dada la amistad de López con Laureano Gómez-.

Pero parece ser que la abstención era una maniobra partidista de un grupo que se consideraba minoritario-demostrado con las elecciones parlamentarias de 1933-.Tres días antes de posesionarse invitó al Directorio Nacional Conservador para que participara con su gobierno- y fiscalizara los actos del mismo-, en las carteras de Hacienda, Agricultura e Industria, invitación que dicha Dirección declinó. Según sus propias palabras, en alocución radial del 8 de noviembre de 1934, a su gobierno le iba a corresponder suspender los gastos extraordinarios propios de una temporada de guerra (emisiones de bonos y billetes), hasta llegar a la normalidad política y fiscal, que le permitiesen allegar los recursos para pagar los préstamos. El costo de vida venía en alza constante debido a las emisiones; su gobierno decidió suspenderlas.

El panorama en el Congreso hasta 1935, contó con la representación Conservadora (expiraba el periodo del Congreso) y se notó que el plan conservador era halagar a López y atacar la anterior administración pretendiendo dividir al partido Liberal.
Empezando 1935 el problema más significativo a nivel político lo constituía la falta de presupuesto nacional, por no haberlo expedido el Congreso; el procedimiento a seguir en estos casos consistía en dejar vigente el del año inmediatamente anterior.

Ese año, en las elecciones parlamentarias se eligió un Congreso uniformemente liberal-al marginarse los conservadores- copando todos los espacios dicho sector político en los cargos públicos. Los liberales obtuvieron 430.728 votos, el 100% del total. (El porcentaje de participación electoral, se calculó sobre los varones cedulados mayores de 21 años, correspondiendo al 33.4%; ahora, que hubieran en Colombia 1.834.314 varones mayores de 21 años y tan solo 1.288.441 cedulados, es otro dato a tener en cuenta).Sopesando fríamente las cifras, de todas formas, pareciera, sobre el papel, un gobierno ilegítimo al estar respaldado por una minoría de la población (menos de la mitad más uno que sería lo lógico).

También en 1935 se dio un paso grande en la nacionalización de las fuerzas de policía, al asignarse a las Intendencias y Comisarías, destacamentos de Policía Nacional. Así mismo pudo el gobierno central apersonarse de los nombramientos castrenses.
Municipios con concejos municipales conservadores y alcaldes liberales se atosigaban agresivamente.

Para 1936, aparte de la disculpa burocrática, se empezó a sentir el apogeo transformador en todos los niveles; apeló entonces el partido conservador a la prensa (fundando el diario El Siglo en ese año) y a la radio (inaugurando La Voz de Colombia), adelantando una vigorosa campaña de agitación ideológica y de oposición sin freno. El momento histórico de revolcón, también tocó a la Iglesia Católica , que veía amenazada su posición de privilegio-Concordato y esas cosas que le daban prelación sobre El Estado-, por las propuestas de la “Revolución en Marcha”. Este conglomerado religioso, desde el siglo inmediatamente anterior venía aliado con los conservadores para defender el estado inmutable de las cosas; ahora en este siglo, decidieron, juntos, cabeza a cabeza, desarrollar una fuerte oposición, llamando incluso a la desobediencia. Soterradamente se preparaba un golpe de Estado y se señalaba al General Amadeo Rodríguez como su dirigente; el gobierno procedió a incrementar el pie de fuerza y a desbaratar el complot.

Ese año de 1935 se decretó la dependencia directa al Ministerio de gobierno, de las fuerzas policivas departamentales y municipales.
El mensaje político de su campaña electoral fue bajo el lema de “La revolución en marcha”, su lema, que él definió como "el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos", que fue un extraordinario empeño de modernización de la política, la economía y los problemas sociales en Colombia. Así, bajo los postulados del partido, que buscaba darle al país un desarrollo agrícola e industrial que le permitiera convertirse en un Estado moderno, López presentó, al final, ejecutorias como las reformas constitucional, tributaria, universitaria, judicial, laboral y de relaciones exteriores.

En cuanto a la reforma constitucional, Acto legislativo Nº 1 de 1936, el gobierno de López, al decir de Jorge Mario Eastman, estableció "nuevas pautas jurídicas para la acción del Estado y otras normas de conducta política para los ciudadanos". Según Eastman, las reformas constitucional, legal y normativa de la República Liberal obedecieron a un planteamiento orgánico que buscaba el ajuste del régimen democrático a las realidades sociales y económicas de la época.[1] Se cambió la concepción del Estado gendarme, propia de la Constitución de 1886, por la del Estado como entidad capaz de obligar al ciudadano al cumplimiento de sus deberes sociales. Según Timoleón Moncada, senador de la época, esto significaba que el individualismo sería sustituido por la función social, que el individuo tendría la obligación de hacer lo que fuera necesario para fortalecer la sociedad y debería abstenerse de lo que pudiera debilitarla.

El constituyente de 1936 definió la propiedad por su función social. Ahora el Estado intervendría en la economía del país, con la intención no sólo de racionalizarla, sino de dar al trabajador una protección, introduciendo un equilibrio entre las relaciones obrero-patronales, pero este artículo fue suprimido en la reforma constitucional de 1968.

Un tercer periodo empieza ese año de 1936, como resultado directo de la Ley 200 expedida por el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Dicha ley, hizo recrudecer los “agarrones” terratenientes-campesinos, pero también agigantó la pelea entre pequeños propietarios, colonos y arrendatarios. Sin embargo, tras su expedición surgieron nuevos conflictos, protagonizados por pequeños propietarios, colonos y arrendatarios. La ley consiguió alterar el panorama de lucha: antes de la ley la lucha por la tierra había adquirido un carácter de enfrentamiento de clase, se cuestionaba directamente el régimen de propiedad de la tierra y el sistema político mediante la impugnación del poder del hacendado y del latifundista. Al entrar en vigencia la Ley 200, el Estado se convirtió en mediador legítimo de los conflictos y en interlocutor del campesinado, con lo que se produjo una transformación política e ideológica del campesinado.

La reforma tributaria estableció el impuesto directo, y que las industrias y grandes empresas tributaran más que antes. Se elevó el impuesto a la renta; se dispuso que las rentas consolidadas por posesión de capital fueran gravadas más fuertemente que las derivadas del trabajo; se crearon los impuestos de patrimonio y exceso de utilidades; y se introdujeron cambios en los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones. La reforma agraria aspiraba a redistribuir la tierra y ponerla en manos de quienes la trabajaban; se dictaron normas en cuanto se refería a las tierras bien explotadas, en la medida en que se debían establecer condiciones óptimas para jornaleros arrendatarios y colonos; y se suspendió la ayuda que el Estado daba al patrono en su supuesto derecho dé despedir a arrendatarios y colonos con la ayuda de la fuerza pública.
Estableció la libertad de enseñanza, pero reservó al Estado la inspección de los institutos docentes públicos y privados. En lo que se refiere a las relaciones Iglesia-Estado, el gobierno progresista de López consagró la libertad de cultos y de conciencia. En el sector judicial, dispuso desde un principio un cambio general de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a donde Llegaron personas jóvenes y dinámicas, lo mismo que en otras dependencias de esta rama. Dictó medidas sobre la inembargabilidad de los salarios, los mecanismos de protección a la maternidad y el desarrollo de la vivienda urbana para trabajadores y campesinos.

Otras medidas importantes del gobierno de López fueron la supresión de la orientación confesional católica en todo el sistema educativo( cuestión que molestaba a la jerarquía católica, acostumbrada a ejercer un poder absoluto en esta área) dando un nuevo marco a las relaciones entre el Estado y la Iglesia; la consagración del trabajo como una obligación social de todo ciudadano (y el derecho a la huelga excepto en los Servicios Públicos) y de la asistencia social para los incapacitados; y la eliminación del voto cualitativo en la elección de los senadores. Todas estas reformas hicieron que varios sectores de la población se opusieran al gobierno de López Pumarejo.

Las medidas intervencionistas chocaron contra los intereses de gremios económicos como la Federación de Cafeteros, los industriales, la política social y la reforma fiscal, y los terratenientes de ambos partidos, respaldados por banqueros e industriales, e incluso por una parte del liberalismo, crearon entonces, el 7 de marzo de 1935, la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN) (Formación de extrema derecha, con carácter bipartidista, que denunció la “infiltración comunista” en la nación y en el Gobierno. Pretendían mantener sus privilegios tributarios e impedir las transformaciones agrarias. Fracasó en llevar al Congreso y las Asambleas Departamentales, representantes de los gremios económicos no bipartidistas), para hacer contrapeso al gobierno. En diciembre de ese mismo año dicho grupo sienta su voz de protesta por la inseguridad existente en el país, atribuida al comunismo, así mismo contra la reforma tributaria y contra la propuesta de reforma agraria.

Pero la oposición más violenta fue la encabezada por Laureano Gómez en unión del clero, que acusaban al gobierno de López de socialista y ateo (la presunción de masonería se empleó como forma de oposición, ante un pueblo católico y creyente).
Hasta ese momento los gobernantes liberales, demócratas convencidos, creían que el país requería un liderazgo conveniente, como el de ellos y empleaban todas las palancas del Estado para conservar en sus manos el poder, acaparando los cargos públicos y las fuerzas policiales.

Empezando la hegemonía liberal, Colombia orbitaba en el círculo vicioso de la corrupción política y del gobierno de un solo partido. Primero ascendió al poder el liberalismo, a continuación los abusos políticos; luego viene la abstención conservadora que generó nuevos abusos. Debido a las divisiones internas del partido de gobierno-que abarcaba una abigarrado grupo de tendencias y matices- y al no apoyo decidido de la bancada liberal a las medidas del Ejecutivo, obligó a la renuncia de este en 1937. En noviembre de ese mismo año, hubo un derrumbe en los precios del café, que rápidamente se convirtió en una baja de salarios (de $0,65 a $0,6 el jornal en ese mes).

También en 1937, hubo elecciones para Congreso, con una votación liberal de 550.726 votos, el 100% del total escrutado. La participación electoral de hombres mayores de 21 años con cédula fue de tan solo el 32.5%.
Por decreto 588 de marzo 12 de 1937 se crearon 30 Distritos judiciales de tierras en todo el territorio nacional, incluyendo el de Ibagué, para el Tolima. La idea era que debería asegurar una rápida administración de justicia-para fallar los jueces debían practicar una inspección ocular. Hasta ese momento La Ley 200 no había sido reglamentada-se presentaban ambigüedades – y entonces los litigios se llevaban a los Juzgados civiles donde los funcionarios manejaban el concepto tradicional de propiedad contenido en el Código Civil. Por el Decreto 59 de 1938 se reglamentó La Ley 200 y empezaron a ser productivos los Juzgados de Tierras; llegaron cantidades de solicitudes de inspecciones oculares y proceden en su accionar de hacer justicia.
Por medio de esta Ley, se acabó el fomento infructuoso de la producción agrícola por medio del apoyo a la pequeña propiedad.
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La Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), fue fundada por Jorge Eliécer Gaitán y otros liberales de izquierda en 1933, en defensa de los sectores populares. Apoyó e impulsó la lucha por la tierra emprendida por colonos y arrendatarios del Sumapaz. Divulgó ampliamente los derechos contemplados en la legislación agraria, denunció los atropellos cometidos contra los campesinos por las autoridades en complicidad con los hacendados, prestó asesoría jurídica para demostrar la ilegalidad de los títulos de los hacendados. La idea de este proyecto político era, en una primera etapa, establecer la democracia económica-luego de una intensa campaña de educación y de elevar el nivel de vida de los trabajadores-, como fundamento de la democracia política. Como consecuencia planteaba solucionar el problema agrario en dos etapas: 1- ) Reformas que incluían la parcelación de tierras, la limitación de la propiedad, el crédito agrario y la tecnificación agrícola. 2- ) Profundización de las reformas con un Estado intervencionista organizador de la economía.
Participó en las elecciones para concejos municipales en 1934 y obtuvo mayorías en Fusagasuga, Pandi e Icononzo.

Su periódico “Unirismo” estaba al servicio de las necesidades y problemas de los campesinos, obreros y clase media en general. Con el Partido Agrario Nacional hubo solidaridad y apoyo en distintas acciones. Rivalizaba en cambio con el Partido Comunista-que también hablaba de organizar el campesinado y educarlo para la revolución-. La presencia de estas organizaciones de izquierda hizo tambalear el control tradicional de los hacendados sobre los campesinos y por ahí, en línea recta, de los partidos políticos tradicionales sobre las mismas masas electorales.
Electoralmente, y visto el vuelco oficial del liberalismo, en cabeza del Presidente López, perdió protagonismo y en las elecciones parlamentarias de 1935, ya disuelto como movimiento por cuanto obtuvo Gaitán fue convocado a trabajar con el Partido Liberal en la Cámara de Representantes, obtuvo 3.799 votos frente a 477.361 del Partido Liberal, 1.879 del Partido Comunista y La APEN con 850 votos. Los conservadores no participaron de los comicios. La disolución por parte de Gaitán de la UNIR, constriñe un poco el accionar de los campesinos vinculados a ella, dejándolos políticamente desamparados.
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El partido comunista (PC).En 1930 había sustituido al vetusto Partido Socialista Revolucionario y competía con Gaitán por ganarse el favor electoral de los campesinos de Cundinamarca y Tolima. En estos comienzos una de sus prioridades era la transformación del campo, acabando cualquier asomo de feudalismo y entregando la tierra a quienes la trabajaran directamente.

En la primera etapa de su administración, el Partido Comunista (dogmático en cuanto a las órdenes de la Internacional Socialista, quien a su vez ondeaba la bandera estalinista del “enemigo principal”), se opuso al plan reformista de López, aduciendo que la gama y variaciones de movimientos distintos al suyo eran la misma cosa, charlatanería y demagogia, y arremetía contra el liberalismo y el unirismo en general. Posteriormente, en 1936, con la variación de postura de la Internacional Socialista, que preconizaba la alianza con los socialistas, los radicales y los demócratas, frente a los partidos de derecha, dicho partido entró a apoyar y colaborar (a su manera) con el gobierno, dentro de los lineamientos del Frente Popular.

Mientras el UNIR se enfocaba en los ocupantes de las tierras (y en la vía legal), el PCC se ocupaba de los arrendatarios en disputa de sus contratos (y en las vías de hecho). Empleaban tácticas como incitar a sus seguidores a desafiar a los propietarios, sembrando café en sus parcelas de subsistencia (cuando estaba prohibido) y negándose al laboreo en los campos del patrón. Así mismo constituían grupos de autodefensa para oponerse a los lanzamientos.
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Partido Agrario Nacional. Nacido con el propósito exclusivo de explicar y defender los intereses de los colonos de Sumapaz. Creación de Erasmo Valencia, un abogado de izquierda, expulsado del Partido Socialista Revolucionario (el 2 de diciembre de 1926 por comunista ortodoxo[TORRES Giraldo, Ignacio. Los Inconformes, Editorial Latina Tomo 4, 1978, página 847.]). Si bien su gestión con los campesinos empezó en 1928 solo hasta 1935 se decidió a la creación formal de su partido, para representar los intereses de los campesinos. Obtuvo curules en los consejos municipales de Fusagasuga, Pasca, San Bernardo y Pandi; además Valencia fue elegido Diputado. Allí en la Asamblea presentó proyectos de ordenanza para mejorar las condiciones de vida de sus electores pero encontró resistencia y echaron abajo sus proyectos. Como esa fue la constante de su trasegar político, se desmoralizaron sus líderes de la acción política en pro del mejoramiento del campesinado y renunciaron.

Bibliografía.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE), Colombia Política, Bogotá 1972.
GILHODES Pierre, La cuestión agraria en Colombia (1900-1946) en Nueva historia de Colombia, Vol. III, planeta colombiana editorial, Bogotá 1998
HENDERSON, James. Cuando Colombia se desangró, un estudio de la violencia en metrópoli y provincia, El Ancora editores, Bogotá 1982
LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950, Universidad nacional de Colombia, Bogotá 1988.
MARULANDA, Elsy, Colonización y conflicto, las lecciones del Sumapaz, Tercer mundo editores, Bogotá 1991
PATIÑO Roselli, Alfonso. La prosperidad a debe y la gran crisis 1925-1935, Banco de la República, Bogotá 1981.
RAMSEY, Russel. Guerrilleros y soldados, Tercer mundo editores segunda edición, Bogotá 2000
TIRADO, Mejía Álvaro. López Pumarejo: La Revolución en marcha, en Nueva historia de Colombia, Vol. I, planeta colombiana editorial, Bogotá 1998
[1] EASTMAN Jorge Mario. Perfiles Políticos. Plaza &Janés Editores-Colombia Ltda., Bogotá 1982, páginas 253-271.


Tolima


Vamos ahora , dentro del artículo Colombia 1934-1938 con la información correspondiente al departamento del Tolima en ese periodo:

Para las elecciones de 1935 de Congreso de la República, el Tolima liberal aportó 26.554 votos (el 100% de los escrutinios departamentales por no participar los conservadores) Esta cifra corresponde al 22.8% de la población mayor de 21 años, apta para votar, en el Departamento.[1]Esta cifra, en el marco nacional, representa el 6.16% del total de la votación. (Para 1931 el total departamental había sido de 44.271 votos, mientras que en 1933, llegó a 50.098)[2] El número total de Representantes a la Cámara por el Tolima fue de 7 y de senadores de 3. La Asamblea departamental se componía de 15 diputados, mientras el número total de concejales en el departamento llegó a 279.

La cantidad de ganado vacuno sacrificado en el Tolima durante este año fue de 101.202 cabezas de ganado por valor de $383.792.
En 1937 que se volvió a elegir Congreso de la República, de nuevo los liberales del Departamento, colocaron 26.925 votos (de nuevo el 100% de los votos escrutados), guarismo que corresponde al 22.4% de la población mayor de 21 años, apta para votar.[3] Dentro del comparativo nacional, bajó al 4,88% del total de la población.

Alfredo Pabón Peláez informa al señor gobernador que el asunto de los colonos está vigente en los municipios de Cunday, Icononzo y Melgar, caracterizado por la disputa de la propiedad de la tierra. Dice que hasta el momento, por norma general se recurre a acciones de policía, que no solucionan el inconveniente de fondo, como sí lo haría una instancia judicial. Se queja del volumen de trabajo que manejan los juzgados y de la demora indefinida de los pleitos, que obliga a las partes a recurrir a alcaldía y demás autoridades policivas. A pesar de haberse aprobado la Ley 200 de 1936, recién se está implementando a nivel departamental su funcionamiento, recomienda crear un nuevo juzgado de tierras en el oriente del Tolima. Otro inconveniente reportado son los roces en las relaciones hacendados y arrendatarios, empujados, estos últimos, por agitadores profesionales o seudo-comunistas, quienes invocando La legislación vigente, pretenden romper las relaciones contractuales entre el hacendado y el campesino por actos de violencia. [4]

De acuerdo con el Censo de población de 1938, según Gonzalo París, el 53% de la población (290.324 personas) se ocupaban de labores productivas. Dentro de este rango de datos, 243.658 personas se dedicaban a labores agropecuarias. Incluidas dentro de la población activa figuraban 133.600 mujeres (el 46%). El 55 % de la población se hallaba por debajo de los 15 años de edad y más del 70% de los mismos vivían en el campo. La densidad de población era de 28 personas por Km. cuadrado. [5]

Fuentes consultadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE), Colombia Política, 1972
Departamento del Tolima, Anuario Estadístico de 1935, Imprenta departamental Ibague (Archivo histórico de Ibague)
Departamento del Tolima, Secretaría de Gobierno, Informe del Secretario de gobierno, al señor gobernador, año 1937, Ibagué, imprenta departamental
[1]DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), Colombia Política, 1972, página 159
[2] Departamento del Tolima, Anuario Estadístico de 1935, Imprenta departamental Ibague, página 198.
[3] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), Colombia Política, 1972
[4] Departamento del Tolima, Secretaría de Gobierno, Informe del Secretario de gobierno, al señor gobernador, año 1937, Ibagué, imprenta departamental, páginas 21-23.
[5]COLOMBIA, Contraloría General de La República. Geografía económica de Colombia, Tomo VII, Tolima. Editado por Gonzalo París, 1948, páginas 88 y 89 .
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Cunday


Vamos a ubicarnos ahora espacial y temporalmente en Cunday, a partir de 1932 para entender mejor esto de los conflictos agrarios:
Para 1932 y 1933 los conflictos cafeteros se sostenían por parte de los arrendatarios, exigiendo el derecho a sembrar café en sus parcelas, la rebaja en los cánones de arrendamiento y el aumento de los salarios para la recolección y desyerbe.[1]

Los trabajadores de la Compañía Cafetera de Cunday declararon en Julio de 1934 en protesta por los bajos salarios y la alimentación deficiente y por negarse la empresa a pagar las mejoras a los trabajadores despedidos.[2]
El gobernador del departamento habla del foco de intranquilidad que existe desde hace varios años en este Municipio, por las dudas existentes respecto de la posesión de grandes extensiones de tierra. Una comisión compuesta por Emeterio Mendoza Varón, como representante del Gobierno Departamental, Luís Alberto Bravo, como representante del ministerio de Gobierno y Francisco Posada Zárate en representación de la Oficina General del trabajo viajó al municipio a estudiar el problema. Concluyen que el problema es un asunto que deben resolver la Nación y el Congreso.[3].

En 1935 el abogado Antonio José Pantoja, descubrió graves irregularidades en los títulos de propiedad de la familia Leyva y estimuló a los arrendatarios a desconocer sus contratos. Cuando estos se proclamaron colonos, empezó a cobrarles altos honorarios por concepto de memoriales y peticiones y les monopolizó el mercadeo de sus cosechas. Al mismo tiempo negociaba con la familia Leyva la compra de la tierra invadida (a un precio irrisorio) para revendérsela a los invasores (obteniendo grandes ganancias).[4]

De 1935 se manejan estadísticas sobre el promedio de jornales rurales en el municipio, así: con alimentación, $0.45 y sin alimentación $0.75. (Donde mejor pagaban en el departamento, ciñéndonos a la fuente y a los datos, era en Ibagué con $0.60 incluyendo alimentación y $0.80 sin alimentación, y, donde más bajos salarios pagaban era en Dolores y Purificación con $0.30 incluyendo alimentación).[5]

Hasta la expedición de la Ley 200, muchos Hacendados habían decidido parcelar sus latifundios convirtiendo a los asalariados en pequeños propietarios; lo controversial, llega cuando se expide la Ley y los arrendatarios y aparceros, al no tener contrato escrito, se declaraban poseedores y solicitaban la prescripción adquisitiva (de acuerdo con el artículo 12 de dicha Ley), alegando que nunca había reconocido dominio ajeno y habían creído de buena fe que las tierras cultivadas eran baldías. El reconocimiento de las mejoras por la Ley llevó a situaciones semejantes. Los colonos razonaban que les pertenecían todas las obras y cultivos estables del fundo, al no existir prueba escrita de lo contrario. Estas reacciones, obligaron a los potentados, para evitarse pleitos y acciones de hecho, a acabar con el sistema de arrendamientos y a ceñir sus trabajos a los que pudiera adelantar con peones a jornal-indirectamente los obligaba a reducir sus vastas propiedades-.Los dueños de la tierra echaron a cuanta familia pudieron, destruyeron los ranchos donde los alojaban y cortaron de raíz con el problema –según su punto de vista-.[6] Esta decisión corroyó las grandes haciendas del Tolima entrando en un franco periodo de decadencia del que no se recuperaron.

Año de 1936.La Federación Agrícola de la Colonia de Cunday, obtuvo su personería Jurídica; [7]el alcalde para ese periodo era Heliodoro Pulecio Palma y Don Ricaurte M. Silva asistió por el municipio a la convención Departamental conservadora.[8]
La Compañía Cafetera de Cunday presentó demandas de lanzamiento contra ocupantes de la hacienda “Nuevo Mundo”, no pudiéndose ejecutar y llevando entonces los casos al Ministerio de Industrias y Trabajo.[9]

En marzo de 1937 en El Palmar (zona rural del municipio) la policía atacó a bala a los colonos ocupantes de la Hacienda Nuevo Mundo.[10]
El mismo año y ante la imposibilidad gubernamental, según los hacendados, de hacer respetar sus derechos, salieron para Girardot los propietarios de las Haciendas, La Ruidosa, (de Néstor Leiva Tovar), Los Alpes, (de Isaac Giraldo) y, de La Esperanza (de Juan de Dios Gómez), respectivamente. Dichos señores dicen estar obligados a abandonar temporalmente sus propiedades hasta que el gobierno resuelva el problema de los colonos. Una gran cantidad de estos pidieron adjudicación de parcelas situadas dentro de las parcelas de los hacendados; los terratenientes se opusieron; el gobierno dispuso una inspección ocular, asesorada por ingenieros y bajo la dirección del jefe de la sección de baldíos de la gobernación del Tolima, que fracasó estrepitosamente porque los colonos se opusieron a ello, amenazando con recurrir a la fuerza para impedirlo. Según los hacendados, casi todos los colonos querían arreglar, pero sus cabecillas, señores Eduardo Talero Guzmán, Antonio María Santana y Eugenio Ramírez-quienes “los explotan cínicamente”, los impelen a continuar la invasión sobre cafetales y pastos.[11]

También ese año, el procurador de Indígenas, campesinos y Obreros del departamento, informa, que los terceros que alegan dominio sobre los terrenos en disputa, han interpretado a su acomodo el Decreto Departamental número 626 de 1935 y a la resolución del Departamento que hizo extensivo aquel Decreto al municipio de Cunday, considerándose eximidos de iniciar juicios. La Gobernación, por resolución de 22 de octubre de 1936, emanada de la secretaría de hacienda, hizo extensiva la defensa de las hoyas hidrográficas al municipio de Cunday, y como en tal defensa las autoridad debe proceder de oficio, algunos propietarios cuyas montañas eran explotadas por terceros colonos, daban cuenta a las autoridades de que en aquel lugar los colonos estaban desmontando las hoyas hidrográficas, con lo cual la Alcaldía debía proceder a dictar resolución sobre el particular, prohibiendo la tala de la montaña, suspendiendo los trabajos iniciados y conminando o sancionando a los que hubieran invadido aquellos terrenos. Generalmente estas denuncias no correspondían efectivamente a hoyas hidrográficas (50-100 metros de bosque que rodea los depósitos naturales de agua aprovechable; Ley 119 de 1919), y, se trataba de litigios particulares mas no de asuntos de orden público.[12]

[1] MACHADO Absalón, El Café de la aparcería al capitalismo, Tercer mundo editores, Bogotá 1988, página 200.
[2] El Tiempo, julio 17 de 1934, citado por MACHADO Absalón, El Café de la aparcería al capitalismo, Tercer mundo editores, Bogotá 1988, página 202
[3]Departamento del Tolima, Gobernación del Departamento, Mensajes del Gobernador del Tolima a la asamblea, Ibagué, Imprenta departamental, 1935, páginas 28 y 29.
[4]LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950, Universidad nacional de Colombia, Bogotá 1988, página 168-169
[5] Departamento del Tolima, Gobernación del Departamento, Informe del Secretario del secretario de Agricultura e industrias del Tolima al señor gobernador, 1936, Ibagué Imprenta Departamental, página 199.
[6]MACHADO Absalón, Ob. Cit., páginas 238 y 239.
[7]TORRES Giraldo, Ignacio Los inconformes Tomo 4, Editorial Latina Bogotá 1978, página 1097
[8] El Derecho, 11 de enero y 24 de diciembre de 1936.
[9] Departamento del Tolima, Gobernación del Departamento, Mensajes del Gobernador del Tolima a la asamblea, Ibagué, Imprenta departamental, 1936, página 18.
[10]GILHODES Pierre, La cuestión agraria en Colombia (1900-1946) en Nueva historia de Colombia, Vol. III, planeta colombiana editorial, Bogotá 1998, página 329.
[11]El Tolima. Bisemanario. Ibagué, Octubre 17 de 1936 Pág. 6.
[12] Tolima, Secretaría de Gobierno. Informe del Secretario de Gobierno al señor Gobernador del Tolima, Ibagué, Imprenta departamental.


Colonia Agrícola del Sumapaz


Y ya para terminar nuestro artículo sobre Colombia 1934-1938, esbocemos lo que fuera la colonia agrícola del Sumapaz:

Luís Bustamante- rico hacendado de Girardot y ex -diputado por Cundinamarca, hijo del General Pablo Emilio Bustamante [1], era dueño de “Villa Susana” una hacienda cerca de La Colonia (Caserío perteneciente a Cunday por esas fechas). Había llegado al actual municipio de Villarrica (antes Andalucía) como director de la Colonia Agrícola (en 1931), sin conocer la región y con su sueldo.
Dicha colonia agrícola fue fundada por el gobierno con el exclusivo propósito de dirigir la colonización de las montañas del zurrón (Puerto Lleras), de Núñez, Montoso y Galilea.

Para fines de 1937 y comienzos de 1938 se inició otro programa de colonización: el del Himalaya. Ubicada ente La Colonia y las Selvas de Galilea, en la parte alta; el gobierno ubicó allí a 28 colonos, llegaron veteranos de la guerra de los mil días con sus familias, Camilo Guerra, Arturo Galindo, Ramón Prieto y otros coroneles (la Ley 65 de 1937, reconocía los grados militares de los rebeldes derrotados en las últimas guerras, les daba tierras ,100 Ha en terrenos baldíos nacionales; si el militar se establecía como colono, el Ministerio de Agricultura les daba por diez meses $1 peso diario e igual suma a su esposa y cada uno de los hijos menores; hasta $300 destinados a la construcción de una casa; auxilio gratuito de drogas, semillas y herramientas). Les asignaron una casa de madera con tejas de zinc, de 9 metros de largo por 3,5 metros de ancho. Desafortunadamente, tres años más tarde salieron en estampida, debido a las vicisitudes del clima, la infertilidad de la tierra y lo complejo del entorno, abandonando sus parcelas.

Bibliografía
TORRES Giraldo, Ignacio Los inconformes Tomos 3 y 4, Editorial Latina 1978.
GONZÁLEZ José Jairo y Marulanda Álvarez Elsy, Historias de Frontera, colonización y guerras en el Sumapaz, Cinep 1990
[1] En la guerra de los mil días acompañaba a Benjamín Herrera cuando pactaron la Paz, (el mismo que en junio de 1923 condujo “la ofensiva del hambre”, consistente en carteles y volantes fijados donde se coartaba a los trabajadores con la pérdida del trabajo si votaban por listas socialistas; además quien en 1930 fuera segundo Vicepresidente de La Cámara.

Ediciones 2011-14
Ver también: Cunday 1934-1937

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